La cantante colombiana Shakira será juzgada en España acusada de defraudar 14,5 millones de euros (unos 15,5 millones de dólares) al Fisco, simulando no residir en el país y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.
Aunque la posibilidad de un pacto con la Fiscalía permanece abierta, Shakira no ha logrado de evitar el banquillo de los acusados y archivar la causa.
La investigación judicial abierta contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre real de la cantante, concluyó a mediados del año pasado. El juez sostuvo que, entre 2012 y 2014, la cantante ya era residente fiscal en España y, por tanto, debía pagar aquí sus impuestos, cosa que no hizo.
Shakira ha sostenido desde el principio que durante esos años residió en Bahamas y que visitaba España de forma esporádica. Esa tesis fue desmontada por los inspectores de Hacienda, que indagaron en su vida privada en Barcelona junto al futbolista Gerard Piqué y concluyeron que su lugar habitual de residencia era España.
La defensa de Shakira presentó un recurso de apelación para insistir en que no hay pruebas directas de que esos años Shakira pasara “más de 183 días en España”, requisito que marca la ley para que un ciudadano sea considerado residente fiscal. La cantante también recordó que no mantiene ninguna deuda con la Hacienda española, ya que ha abonado los importes que se le han reclamado.
Ahora, la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso y, aunque no entra al fondo del asunto, considera que hay indicios suficientes como para que esas discrepancias se resuelvan en el juicio oral.
El núcleo del asunto es saber si Shakira pasó esos años 183 días o más. Los magistrados destacan que a lo largo de la investigación se han aportado “múltiples fuentes de prueba” (pagos con tarjetas de crédito, visitas a establecimientos utilizados por la cantante, listados de asistencia, las fotografías colgadas en redes sociales) para acreditar la estancia en España.
“Existen elementos suficientes para estimar que [Shakira] había fijado su residencia habitual en España” en los años bajo investigación; y que los días en que estuvo fuera deben considerarse salidas “ocasionales, puntuales o esporádicas”. Cita como ejemplo algunas decisiones que la artista tomó en 2012: “compró una vivienda” e inició las obras para dejarla a su gusto, alquiló “un estudio de grabación por un año”, recibió “visitas de familiares” e incluso hizo “seguimiento de su embarazo en una clínica de Barcelona”.
La propia artista colombiana “reconoce haber estado en territorio español un elevado número de días” y “da por buenos la gran mayoría de los señalados” por los inspectores. La defensa había alegado que disponía de residencia fiscal en Bahamas, pero para los magistrados resulta un hecho “irrelevante” más allá de si el hecho de comprar una casa en las islas “acredita o no la residencia”, algo que también es objeto de debate jurídico.
La Fiscalía de delitos económicos de Barcelona estaba esperando esa resolución para presentar su escrito de acusación. Allí detallará las penas de cárcel que previsiblemente solicitará para Shakira por tres delitos de fraude fiscal.
La posibilidad de que la artista y el ministerio público alcancen algún tipo de acuerdo -aceptar los hechos y pagar una multa a cambio de una rebaja de la pena que pueda evitar el ingreso en prisión- sigue abierta. Por ahora, sin embargo, la defensa de Shakira se mantiene firme en su posición de que no ha cometido ningún delito y en que dará la batalla en los tribunales.
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