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Publicado 17 abril, 2020
La Argentina en tiempos de peste
Por Dardo Castro
El periodista argentino, radicado en Buenos Aires, hace una radiografía de la situación actual en la tierra del tango, a raíz de la pandemia por el COVID-19.
Argentina lleva 29 días de lo que el gobierno denomina “aislamiento social preventivo y obligatorio”, que se acaba de prorrogar hasta este 27 de abril, aunque se descuenta que entonces se prorrogará nuevamente y luego habrá un levantamiento progresivo. El país contabiliza unos 2.669 enfermos detectados, 666 personas recuperadas y 122 fallecidos a causa del coronavirus. La cuarentena, como en numerosos países del mundo, ordena que las familias se recluyan en sus casas y solo salgan para hacer las compras que son indispensables para la sobrevivencia. Lo que implica que no hay ningún local público ni comercio abiertos que no sean las farmacias, ferreterías, supermercados y demás tiendas de alimentos.
Con solo 80 días en el gobierno, el presidente Alberto Fernández, que asumió en medio de una gravísima crisis económica y con obligaciones de pago de una deuda pública sideral, se vio obligado a afrontar la pandemia justo cuando iniciaba las negociaciones con los acreedores, a quienes la Argentina debería abonarles sólo este año unos 66.760 millones de dólares, de los cuales el 30,4% se concentran en abril y agosto próximos. En ese contexto, la pandemia paralizó buen parte de la actividad económica obligando al Estado a hacerse cargo de paliar las consecuencias económicas y sociales de la crisis. Así, el gobierno destinó unos 350 millones de dólares para aumentar los recursos médicos, la ayuda social a los sectores más desprotegidos y a sostener el empleo.
La gran preocupación son las áreas urbanas de las principales ciudades argentinas, donde millones de familias viven en situación de extrema pobreza, muchas sin agua potable ni cloacas y donde el aislamiento es impracticable. Hasta hoy, en esas zonas el número de contagios y muertes es relativamente bajo, aun cuando allí el confinamiento se ha flexibilizado, ampliándolo al perímetro del barrio, dadas las condiciones de hacinamiento en los hogares. Solo en el llamado Conurbano Bonaerense, como se conoce al denso cinturón que rodea la capital argentina, viven casi 11 millones de personas. En el primer anillo predomina la clase media, con un nivel de vida y hábitos de consumo iguales a los habitantes de la capital, pero en el resto una gran mayoría carece de empleo formal, son trabajadores por cuenta propia, vendedores ambulantes, empleadas y empleados de servicios domésticos sin registrar. A todos ellos la cuarentena los priva del sustento diario. No obstante, es en el primer anillo donde hubo más letalidad de la pandemia a causa de que se trata de familias de altos ingresos, que viajan con frecuencia a Europa y a los Estados Unidos.
El gobierno creó una tarjeta alimentaria que permite adquirir una canasta básica de alimentos cada 15 días, que beneficia a dos millones de personas entre embarazadas y madres de niños menores de seis años. A ello agregó una suma extra de 10.000 pesos, poco menos de 100 dólares, para desempleados y personas sin ingresos. Desde hace algunos años, las familias más carenciadas reciben la Asignación Universal por Hijo, aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que se mantiene vigente. Alberto Fernández, que ganó las últimas elecciones acompañado precisamente por Cristina Kirchner como vicepresidenta, por el coronavirus congeló las tarifas de los servicios públicos por tres meses y estableció el control de precios de los alimentos de primera necesidad.
La otra gran preocupación es la paralización del 60 por ciento de la actividad económica a causa de la cuarentena, lo que ha abierto un conflicto entre las grandes empresas y los bancos, por un lado, que presionan fuertemente para que se levante la cuarentena, y el gobierno y la mayoría de la opinión pública por la otra, que considera que el régimen de confinamiento es la única manera de evitar el colapso del sistema de salud y niveles de mortalidad similares a los de Italia y España.
Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas, que por la parálisis de la producción carecen de ingresos, afrontan en estos días el pago de los salarios de sus trabajadores. El gobierno impuso al sistema financiero que conceda préstamos a tasas razonables para este sector, lo que la mayoría de la banca privada está cumpliendo a regañadientes. Al mismo tiempo, el Estado se hace cargo del 60 por ciento de los salarios en caso de quiebra inminente y redujo las contribuciones patronales que realizan las empresas al Estado.
La semana pasada el grupo empresario Techint, un gigantesco conglomerado petrolero, siderúrgico y de la industria de la construcción, perteneciente a la familia Roca, de origen italiano, anunció el despido de 1.450 obreros de una de sus empresas, que se halla paralizada a causa de la cuarentena. La medida fue interpretada como una presión extrema para forzar el levantamiento o, por lo menos, la flexibilización de la cuarentena. El máximo dirigente de Techin, Paolo Roca, es uno de los empresarios más influyentes de la Argentina. El propio presidente Fernández, en un mensaje por cadena nacional de radio y televisión, trató de miserables a quienes despiden trabajadores aun cuando cuenten con enormes recursos financieros, y afirmó que los grandes grupos económicos deben ser solidarios y aceptar ganar un poco menos. De inmediato, el presidente firmó un decreto que prohíbe los despidos por 60 días, mientras el Ministerio de Trabajo ordenaba la conciliación obligatoria, que impide innovar y abre un período de negociación entre las partes.
El presidente cuenta con una aprobación de más del 80 por ciento de los argentinos y un 92 por ciento de consenso en lo que se refiere a cómo el gobierno enfrenta la peste, incluyendo el aislamiento social. Son cifras que revelan un fuerte apoyo popular al gobierno. Aunque todos los partidos políticos, incluido Cambiemos, la principal coalición opositora, que dejó el gobierno el año pasado, han cerrado filas con el oficialismo en lo que hace a la gestión de la crisis, buena parte de sus dirigentes apoyan las sordas protestas del establishment, que consideran que el gobierno de los Fernández, Alberto y Cristina, utilizan la pandemia para coartar la libertad de los mercados al controlar las cadenas de formación de precios e interferir las decisiones patronales en lo que se refiere al empleo.
