A pocos días de terminar su mandato, Donald Trump enfrenta lo que ningún otro presidente en Estados Unidos: su segundo juicio político. Su desenfrenado discurso de supuesto fraude electoral, descartado por los tribunales, avivó el respaldo de sus seguidores, pero también lo condenó ante la opinión pública, acusado de incitar al ataque inédito al Capitolio, símbolo de la democracia estadounidense. Hecho que marca los últimos días de una Presidencia plagada de escándalos.
Tres presidentes han sido llevados a juicio político en Estados Unidos, pero Donald Trump entra en los registros de la historia como el único en afrontarlo dos veces.
Fiel a su estilo irreverente, el mandatario saliente se negó hasta los últimos días de su Gobierno a reconocer la derrota en las urnas cuando intentó un segundo mandato consecutivo. Ahora, acusado de “incitación a la insurrección”, una semana después de alentar a sus simpatizantes que irrumpieron con la peor ola de violencia en el Capitolio, mientras los congresistas formalizaban la victoria del presidente electo Joe Biden, Trump llega a su segundo impeachment, pese a que le quedan solo siete días en la Casa Blanca.
Lo más probable es que el jefe de Estado no sea destituido de su cargo y pueda culminar su mandato este 20 de enero. Pero más allá de la posibilidad de salir de forma anticipada, la principal preocupación de Trump es la afectación a su futuro político y financiero inmediato, según señalaron cuatro funcionarios de la Casa Blanca cercanos al presidente que hablaron bajo condición de anonimato.
El juicio político es una de las penas más graves de la Constitución contra un mandatario. El proceso se está llevando a cabo con una velocidad extraordinaria que pone a prueba los límites del Congreso y marca el fin de una era presidencial plagada de escándalos.
Desde su primera campaña presidencial en 2016, Trump ha sido señalado de polarizar y dividir aún más al país con sus fuertes políticas antimigratorias y más recientemente por su falta de acción ante los abusos policiales con tintes raciales que generaron una de las peores olas de disturbios y protestas a lo largo del país.
Contrario a su usual forma de arremeter contra la prensa, a la que habitualmente califica como “fake news”, contra sus detractores políticos y todo aquel opuesto a sus ideas, Trump cambió el tono este miércoles y condenó la violencia en el Capitolio. Sin embargo, desestimó cualquier responsabilidad en lo ocurrido.
“Quiero ser muy claro. Condeno inequívocamente la violencia que vimos la semana pasada (…) La violencia de una turba va contra todo lo que creo y contra todo lo que representa nuestro movimiento, ningún verdadero simpatizante mío pudo haber apoyado la violencia política, ningún auténtico simpatizante mío pudo haber faltado al respeto a la procuración de justicia y a nuestra grandiosa bandera estadounidense”, dijo el mandatario en un video que fue difundido a través de las redes sociales de la Casa Blanca, luego de que su conocida cuenta personal de Twitter, en la que emitió muchas de las declaraciones más controversiales a lo largo de su Presidencia, fuera suspendida.
El siguiente gran paso debe darse en el Senado, donde debería llevarse a cabo el juicio para determinar la culpabilidad o inocencia del mandatario.
Allí se necesita una mayoría de dos tercios entre los 100 senadores, es decir que al menos 17 legisladores republicanos tendrían que unirse a las acusaciones para que haya un veredicto final contra Donald Trump.
Sin embargo, desde ya se vislumbra un gran obstáculo para las intenciones de los demócratas, pues el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell se adelantó incluso a la votación en la Cámara Baja para asegurar que no utilizará el poder de emergencia para convocar al Senado.
Por tanto, McConnell asegura que el juicio no podría comenzar sino hasta después del receso del Senado, el 19 de enero, solo un día antes de que Trump termine su mandato con la posesión del nuevo mandatario Joe Biden.
No habría entonces tiempo para ninguna destitución, pero eso no significa que un expresidente no pueda ser juzgado. De acuerdo con el consenso entre los académicos, es constitucional llevar a cabo un “juicio político tardío”.
Trump fue absuelto en 2020 de su primer ‘impeachment,’ imputado por abuso de poder y obstrucción al Congreso, gracias al Senado, de mayoría republicana. Pero esta vez, cuando varios miembros de su propio partido político le dieron la espalda al asegurar que cometió delitos punibles, Trump tiene en vilo su futuro político.
Ahora, la mayor consecuencia para el magnate podría ser descalificarlo para volver a ocupar la Presidencia. Si el Senado lo condenara, la Constitución permite una votación posterior para impedir que un funcionario ocupe “cualquier cargo de honor o confianza en Estados Unidos”.
Para que sea avalado requiere solo de una mayoría simple en la Cámara Alta. Ese paso resulta atractivo no solo para la bancada azul, sino también para muchos republicanos que tienen la mirada puesta en la Presidencia y consideran que esa sería la única forma de eliminar a Trump como miembro activo del partido y de sus intenciones de volver a la Casa Blanca con las elecciones de 2024.
Fuente: Reuters, BBC, AP
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